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S&P confirma la calificación de México

La agencia crediticia, Standard & Poor’s (S&P), confirmó sus calificaciones soberanas de largo plazo de México en moneda local de “A” y en moneda extranjera de “BBB”, ambas con perspectiva estable.

Los argumentos que sostienen estas notas del país, reflejan su historial de políticas fiscales y monetarias cautelosas que han contribuido a que mantenga bajos niveles de déficits gubernamentales e inflación, así como moderados niveles de deuda fiscal, aunque reiteró que la limitada flexibilidad fiscal y el bajo crecimiento económico constituyen debilidades crediticias.

Reconoció el conjunto de reformas aprobadas que buscan impulsar las perspectivas de crecimiento del país y reforzar su flexibilidad fiscal, particularmente la apertura del sector de hidrocarburos, que según S&P, atraerá inversiones significativas.

No obstante, dijo que el ritmo de la inversión en el sector energético para los siguientes dos años también dependerá en gran medida de la disminución en los precios del crudo y los desafíos para la administración derivados de la violencia interna relacionada con el narcotráfico.

La calificadora descartó que los bajos precios del petróleo frenen la inversión en la explotación convencional de campos petroleros, puesto que los costos promedio de producción rondarían los 22 y 25 dólares por barril, pero alertó que las operaciones no convencionales estarían en riesgo.

Advirtió también que si el descenso en los precios del crudo se vuelve permanente, el gobierno mexicano tendría que ajustar su inversión pública hacia el 2016. “La dependencia de los ingresos fiscales petroleros explica el hecho de que la política fiscal de México sea pro-cíclica, lo que constituye un impedimento importante desde la perspectiva de la calificación crediticia”, señaló.

La agencia señaló que la desaparición y muerte de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero, dejó ver los significativos desafíos que plantea el control de la violencia relacionada con el narcotráfico en el país, lo que sumado a las acusaciones de corrupción, constituyen un desafío para el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y, por consiguiente, para su capacidad para implementar su agenda económica.

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