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Ley contra el lavado de dinero

El escándalo de HSBC y los narcos, ¿podrá acelerar la aprobación de una ley contra el lavado de dinero a la brevedad?

La aplicación de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, tiene futuro incierto, y los políticos mexicanos son responsables por ello.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este viernes el reglamento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual establece las bases y disposiciones de orden público y de observancia general en el país.

A tener en cuenta, por ejemplo, que a partir de ahora se considera como Actividades Vulnerables la venta de boletos, fichas o cualquier otro comprobante similar, a cualquier acto u operación por medio del cual se reciban recursos que permitan la realización de actividades vinculadas con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. Así como de cheques de viajero, la prestación de operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o prestado realizada por personas distintas a las entidades financieras, como las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes).

Hay que tener presente que entrará en vigor desde el 1 de septiembre del corriente. Es importante destacar que, las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor en 60 días naturales después la publicación del presente reglamento. Estos actores tendrán la obligación de identificar a sus clientes que realicen operaciones sospechosas, reportar estas actividades con el cliente plenamente identificado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y conservar los datos de casa cliente o usuario durante 10 años.

Esta parte del Congreso aprobó la minuta el último día de sesiones, pero debido a que le realizó cambios fue devuelta al Senado y está pendiente su ratificación en la Cámara Alta, que ya no puede modificarla.

Pero, ¿cuáles son los principales cambios?

Esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, le permitirá al gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR rastrear el dinero del narcotráfico y el crimen organizado nacional e internacionalmente en bancos, casas de cambio, inmobiliarias, hipotecarias, joyerías, constructoras, distribuidoras automotrices y casas de juegos.

La iniciativa modificada, que inicialmente fue propuesta por el presidente Felipe Calderón, combina facultades antilavado entre la SHCP y la PGR, con la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que estará a cargo de la SIEDO en la PGR, pero conserva a la SHCP como la dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Además, incluye a los bancos como sujetos responsables de identificar el delito, a través de reportes a la autoridad y de conocer a detalle la fuente de financiamiento de sus clientes y prohíbe liquidar o pagar en efectivo, aunque no mediante transferencia bancaria, bienes inmuebles por un monto superior a 1 millón de pesos, asimismo, la venta de automóviles, aviones, vehículos marítimos por 400,000 pesos, compra de joyería y obras de arte por 300,000 pesos, juegos de apuesta, sorteos y servicios de vigilancia por 200,000 pesos.

Para no poner en riesgo a notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados podrán reportar actividades específicas que sean susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado a través de una entidad colegiada, y no serán “obligados solidarios”, como se establecía en la iniciativa original.

Eliminan las sanciones penales en contra de los profesionistas para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falseen, impidan u omitan entregar la información, pues argumentaron que en la iniciativa original los criminalizaban y por ello la modificaron.

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