El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado una sentencia que establece que un cliente no está obligado a pagar por un servicio si la empresa no le ha informado previamente de su derecho a cancelarlo, incluso si el servicio ya se ha prestado o compra.

Esta decisión se tomó tras el caso de un consumidor alemán que contrató un servicio con una empresa y luego decidió cancelar el contrato. El consumidor se negó a pagar la factura argumentando que la empresa no le había informado sobre su derecho a desistir del contrato.

Cuál es su funcionamiento

El TJUE respaldó la posición del consumidor y estableció que las empresas tienen la obligación de informar claramente a los clientes sobre sus derechos de cancelación antes de que se celebre un contrato de servicios.

Esta obligación se aplica incluso si el servicio ya se ha llevado a cabo o adquirido. En este caso particular, la empresa no cumplió con su deber de informar al consumidor, por lo tanto, el cliente no estaba obligado a pagar la factura.

Esta sentencia refuerza los derechos de los consumidores en la Unión Europea y subraya la importancia de una información clara y transparente por parte de las empresas. Los consumidores tienen el derecho de ser informados adecuadamente sobre sus derechos antes de tomar decisiones de compra y contratación de servicios.

En caso de que una empresa no cumpla con esta obligación, los consumidores pueden negarse a pagar por el servicio, incluso si ya se ha prestado o adquirido. El consumidor tiene el derecho de rescindir el contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin sufrir ninguna penalización.

En relación a esto, el plazo máximo para ejercer este derecho será de 14 días naturales a partir de la recepción del producto o la prestación del servicio contratado.

Cuándo no es posible acceder a este derecho

En consecuencia, el empresario tiene la obligación de informar al consumidor sobre su derecho de desistimiento. Para ejercer este derecho, simplemente se requiere demostrar la voluntad de desistir de la compra o contrato de una manera legalmente aceptable.

En este sentido, el consumidor puede hacerlo mediante el envío de un documento de desistimiento o la devolución de los productos. Estas acciones serán suficientes para ejercer el derecho de desistimiento de manera válida.

En casos ciertos, como las compras en línea o los contratos realizados por teléfono o Internet, siempre existe la posibilidad de ejercer este derecho. Sin embargo, según el Centro Europeo del Consumidor España, hay algunas excepciones en las que no se aplica el derecho de desistimiento:

En el caso de la prestación de servicios, una vez que el servicio ha comenzado con el consentimiento expreso del consumidor y con su reconocimiento de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, perderá su derecho de desistimiento.
Por el suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan ocurrir durante el período de desistimiento.
El suministro de bienes personalizados según las especificaciones del consumidor.
El suministro de productos perecederos o que puedan deteriorarse.
El suministro de bienes precintados que han sido desprecintados después de la entrega.
El suministro de bienes que se han mezclado de manera inseparable con otros bienes después de la entrega.
El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio se haya acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregados antes de 30 días, cuyo valor real esté sujeto a fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.
El suministro de grabaciones sonoras, vídeos o programas informáticos que están precintados y han sido desprecintados.
El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, excepto en los contratos de suscripción para el suministro de dichas publicaciones.
Los contratos realizados a través de subastas públicas.
El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos de la vivienda, el transporte de bienes, el alquiler de vehículos, la comida o los servicios relacionados con actividades de entretenimiento.
El suministro de contenido digital que no se proporciona en un formato físico, cuando la ejecución haya comenzado con el consentimiento expreso del consumidor y este sea consciente de que, como resultado, pierde su derecho de desistimiento.